El confinamiento ha aumentado las facturas eléctricas de los consumidores.En las últimas semanas, expertos en la materia han aconsejado tener en cuanta una serie de recomendaciones tales como evitar el uso del horno, optar por bombillas de led, aprovechar la luz solar o prescindir de la secadora con el fin de controlar el gasto energético.
Sin embargo, la alternativa que está cobrando más fuerza con el objetivo de reducir el coste de la factura de la luz es el autoconsumo energético a través de la implantación de placas solares. “El autoconsumo, especialmente en comunidades de vecinos, puede generar un ahorro en las facturas de hasta el 70%, explica Sebastián Martínez, experto en energía solar fotovoltaica y CEO de PV Solar, compañía energética de autoconsumo pionera en la instalación de este sistema.
Todo apunta, de acuerdo a los datos extraídos del informe que acaba de presentar Google España sobre tendencias en las búsquedas de medio ambiente y sostenibilidad, a que en los últimos meses los consumidores han ido desarrollando una conciencia sostenible más fuerte. Y es que, según este estudio, las búsquedas de las principales soluciones de energías alternativas han registrado importantes crecimientos respecto al año pasado, con el autoconsumo en cabeza con un aumento del 60 %, seguido de las placas solares, que crecen un 20 %, y la energía solar, que se incrementa un 18 %.
La tendencia a instalar paneles solares en las comunidades de vecinos como alternativa eléctrica está, además, cobrando fuerza durante la cuarentena, especialmente tras hacerse pública la intención de muchas empresas de continuar con la fórmula del teletrabajo debido a las múltiples ventajas que está reportando tanto para el trabajador como para la propia empresa.
Optar por el autoconsumo energético no solo supone una considerable reducción de la factura eléctrica, sino que lleva aparejado otros tantos beneficios: no genera contaminación y ayuda a la creación de empleo verde. “Las instalaciones fotovoltaicas permiten mejorar la calidad del aire que respiran los vecinos de las comunidades que se decantan por ellas, al reducir de forma notable la emisión de gases contaminantes”, afirma Sebastián Martínez.
Señalar asimismo que, si el precio y la excesiva burocracia podían suponer hace unos años un hándicap para decantarse por esta alternativa, esas desventajas son menores en la actualidad. En 2007, una placa costaba 700 euros y un permiso se daba en un plazo medio de seis meses. En 2020, el precio ronda los 70 euros y en tan solo treinta días puede conseguirse la autorización necesaria para su instalación.
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