España suspende en eficiencia energética: el 87% de las viviendas tiene una calificación energética E, F o G

Navarra, Castilla y León y Galicia son las tres Comunidades Autónomas con el mayor  porcentaje de viviendas con Certificación A, mientras que Canarias, País Vasco y  Asturias se sitúan a la cola con los mayores porcentajes de viviendas con  Certificación G. Estas cifras se extraen de un informe elaborado por UCI en el que analiza la situación  de las viviendas españolas con relación a la Certificación de Eficiencia Energética. 

Este martes, 5 de marzo, se celebra el Día Mundial de la  Eficiencia Energética, una efeméride que tiene como objetivo concienciar sobre el uso racional  de la energía y reflexionar sobre el uso abusivo de combustibles fósiles y la importancia de  explotar fuentes de energía renovables. Representando nuestro parque edificado un tercio del  consumo energético del país, se hace cada vez más acuciante la necesidad de actuar sobre las  viviendas. 

En este sentido, UCI, entidad especialista en financiación sostenible, ha realizado un estudio  para analizar la situación del parque residencial y el reparto de Certificados de Eficiencia  Energética en nuestro país. Dicho análisis revela que casi nueve de cada diez viviendas (86,9%) cuentan con una calificación energética E, F o G, las peores en términos de consumo y emisiones y que la letra más común en los hogares españoles es la E (55,9%). 

Por comunidades autónomas, Navarra (2,29%), Castilla y León (1,71%) y Galicia (1.36%), son  las tres Comunidades Autónomas con más residencias con Certificación A, superando así la  media española que se encuentra en el 0,70%. A la cola se sitúan Canarias (66,93%), País  Vasco (31,79%) y Asturias (26,98%) las cuales cuentan con los mayores porcentajes de  viviendas con Certificación G superando la media española que se ubica en el 20,22%. 

“Residir en una vivienda ineficiente, tipo F o G, supone el doble de consumo que una vivienda E,  que es la más común en nuestro país, y hasta el 100% con respecto a una vivienda eficiente  calificada con la letra A”, afirma Catia Alvés, directora de Sostenibilidad y Rehabilitación en  UCI.  

Si bien estos datos se deben a la antigüedad del parque inmobiliario en España - cuya edad  media supera los 43 años – y a que fueron construidos antes de la entrada en vigor de Código Técnico de la Edificación, este escenario contribuye a un consumo excesivo de energía, no solo  alejando a las viviendas de los niveles de confort ideales, sino también ocasionando un gasto  innecesario en las facturas energéticas y sumado a que el IVA de la electricidad pasará  del 10% al 21% en este mes de marzo para casi la totalidad de los hogares y el gas lo hará  el próximo mes de abril. 

Para Catia Alvés: “La solución a este desafío reside en una perspectiva integral que pasa por  la sensibilización de los ciudadanos y en multiplicar por diez el ritmo actual de rehabilitaciones gracias a una mayor agilidad de las administraciones en la concesión de ayudas a las  comunidades de propietarios”. 

Necesidad de que la Directiva de Eficiencia  Energética de Edificios (EPBD) sea aprobada

Estas cifras ponen de manifiesto la imperante necesidad de que la Directiva de Eficiencia  Energética de Edificios (EPBD) sea aprobada, al ser crucial para mejorar la eficiencia energética  en el sector residencial. Su adopción facilitará la transición hacia viviendas más sostenibles y  energéticamente eficientes, contribuyendo así a la reducción del consumo energético y a la  mejora del confort en el hogar. Este paso representa un avance significativo hacia la consecución de los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética a nivel nacional y europeo. 

*No todas las CCAA hacen públicos los mismos datos ni con el mismo nivel de completitud. Algunas  comunidades facilitan calificaciones de emisiones y consumos, así como las cifras correspondientes para  cada una de ellas, pero otras no. Mención especial requiere las CCAA de Baleares que no facilita una de  las calificaciones, aunque sí, en cierto volumen, su cifra correspondiente. Además, Melilla no ha publicado  aún ni ha facilitado acceso a sus datos, por lo que únicamente se dispone de información puntual.