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29/05/2024 / Miguel / 187

La climatización renovable y la rehabilitación no son accesibles para quienes viven de alquiler, y necesitarán medidas públicas de apoyo para lograrlo

Un informe de CAN Europe, en el que participa ECODES, refleja que las barreras existentes a día de hoy impiden que los inquilinos puedan disfrutar de sistemas de calefacción o refrigeración eficientes y renovables, claves para garantizar la salud y el confort de nuestras viviendas en las olas de calor


Un año después de la aprobación de la Ley por el derecho a la vivienda, y en un momento de movilizaciones ciudadanas debido a la dificultad para acceder a una vivienda digna, los inquilinos siguen encontrándose grandes barreras para encontrar una residencia con unas condiciones de confort y eficiencia energética adecuadas. Así lo demuestra un informe elaborado por CAN Europe con el apoyo de ECODES.

Un 16% de las familias en España viven en un hogar que no es de su propiedad, un porcentaje que sigue en aumento. Además, la mitad de los inquilinos se encuentran en riesgo de pobreza, según el Banco de España. Sin embargo, la mayoría de las políticas que incentivan la calefacción y refrigeración sostenible están dirigidas únicamente a los propietarios, lo que limita la mejora de las condiciones de vida de las personas inquilinas.

El documento presenta ejemplos de políticas que se han desarrollado con éxito en otros países para fomentar la rehabilitación de las viviendas en alquiler o la mejora de sus instalaciones de calefacción o refrigeración, como la imposibilidad de alquilar las viviendas más ineficientes en Francia, algo en vigencia desde este año, y que irá aumentando su ambición hasta alcanzar una certificación energética E en 2034. Medidas similares a esta existen en regiones como Flandes, donde las viviendas deben ser rehabilitadas por encima de un nivel de eficiencia energética en el momento de la transmisión de la propiedad, el cual irá aumentando conforme pasen los años.

Hoy, el 80% de los edificios existentes en España tienen una calificación energética por debajo de la clase D, y el 25% tienen una calificación energética F o G, presentando una muy baja eficiencia energética e impactando de forma considerable en las facturas energéticas de los hogares y en su confort térmico. “Los responsables políticos deben comprender que la descarbonización de la construcción y la climatización puede promover la justicia social, creando viviendas más eficientes desde el punto de vista energético, que ahorren energía y dinero, protegiendo al mismo tiempo el derecho a un entorno vital cómodo y saludable para todos, independientemente de que seamos propietarios o inquilinos”, apunta Mónica Vidal, responsable de la campaña de calefacción renovable en Climate Action Network (CAN) Europe.

En Alemania se está trabajando para que los aumentos de los costes del alquiler tras una rehabilitación no puedan subir por encima de los ahorros energéticos producidos, de forma que estas intervenciones no hagan empeorar la vida de los inquilinos. De igual forma, Flandes ha aplicado una medida por la cual las viviendas con peores calificaciones energéticas no podían actualizar su precio del alquiler respecto a los índices oficiales, y aquellos con malas calificaciones solo podían actualizarlos hasta la mitad de los permitido por dichos índices.

“En el momento de implementación de políticas europeas en el que nos encontramos, se abre una ventana de oportunidad para poner en marcha medidas como las contenidas en el informe, permitiendo avanzar hacia el derecho a una vivienda eficiente y saludable que permita adaptarnos a los episodios de temperaturas extremas que se repiten cada verano”, concluye Cecilia Foronda, directora de Energía y Personas de ECODES.

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