El radón, un gas radiactivo y altamente cancerígeno, es una amenaza para uno de cada cinco trabajadores en zonas calificadas de alto riesgo en España, según constata Molins, experta en construcción sostenible, a partir de un estudio reciente presentado por investigadores españoles. Una realidad que preocupa en uno de cada tres municipios del país; con especial atención en Galicia, que tiene más del 70% de su territorio en alerta, Extremadura (47%) y Madrid (36%).
Este gas, que procede de la desintegración del uranio, está presente en la corteza terrestre y puede filtrarse a los edificios por la porosidad del terreno. De hecho, más del 10% de estos presenta niveles alarmantes o superiores al límite permitido por estándares internacionales, según el Centro de Seguridad Nuclear (CSN).
La población que trabaja o reside en plantas bajas o primeras está expuesta, en general, a una concentración tres veces más alta. Sin embargo, aunque el riesgo suele disminuir a razón de 20% por planta, también puede encontrarse en pisos superiores debido a los materiales de construcción, el agua y el llamado ‘efecto chimenea’.
Las viviendas con sótano, casas antiguas con más de 100 años o aquellas con deficiencias constructivas tienen más probabilidades de presentar elevadas concentraciones de radón en su interior, generalmente por un peor aislamiento del terreno. Algunos de estos lugares pueden tener índices incluso superiores a otros habitualmente ya regulados, como cuevas, galerías y minas subterráneas.
En ese sentido, los efectos nocivos del radón no afectan por igual a todos los lugares. Por ejemplo, según estudios realizados recientemente, existen mayores riesgos en las propiedades públicas que en las privadas; a menudo localizadas en edificaciones históricas, más proclives a tener más grietas en los cimientos o un aislamiento deficiente del suelo. En detalle, uno de cada cinco edificios públicos fundamentalmente situados en zonas de riesgo excede el nivel máximo de concentración de radón, establecido en 300 becquerelios por metro cúbico.
En un análisis por sectores de trabajo, tres de cada diez edificios culturales (bibliotecas, museos y otros) superan los niveles máximos permitidos de gas radón. Misma situación para uno de cada cuatro centros educativos (colegios e instalaciones científicas) y uno de cada cinco edificios públicos. Por lo general, estas cifras relativas a instituciones culturales y educativas son seis veces más altas que las oficinas bancarias. Por su parte, las utilities de servicios como electricidad, gas, agua o autopistas, sobrepasan en 5,7 veces al sector financiero.
En este contexto, desde junio de este año es obligatorio que en en todos los puestos de trabajo situados en planta baja y bajo rasante en municipios de riesgo se realicen mediciones por laboratorios acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Además es necesario hacer mediciones en una serie de puestos de trabajo específicos como aquellos localizados en minas, manipulación de aguas, sector extractivo, etc.
Además, vale la pena mencionar que, por mandato europeo, ya existe un Plan Nacional contra el Radón que delimita las actuaciones que las Administraciones Públicas deberán realizar en los próximos cinco años para poner freno a esta emergencia nacional. El CSN y el Ministerio de Trabajo han firmado también un convenio de vigilancia de riesgos por radón en el ámbito laboral.
El gas radón es el causante de alrededor de 1.500 muertes anuales en España, una cifra casi idéntica a la media de los fallecimientos por accidentes de tráfico en España en los últimos años, según datos de la DGT. Es el responsable de un 4% de todos los fallecimientos por cáncer de pulmón a nivel nacional, que pasan a ser el 7% en las comunidades autónomas más afectadas. Sin embargo, la visibilidad de estos problemas y su concienciación ciudadana son diametralmente opuestas.
Ante este desafío, Molins ha realizado la jornada Gas radón: La amenaza silenciosa que desafía salud e infraestructuras. El encuentro, celebrado en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, se ha enfocado a abordar el problema del gas radón desde un enfoque transversal con el objetivo de encontrar soluciones conjuntas entre el mundo académico e investigador, el sector público y la empresa privada. Esta última cuenta ya con soluciones innovadoras para, de forma eficaz y económica, implantar la correspondiente protección tanto en obra nueva como en rehabilitación de todo tipo de edificación.
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