La nueva regulación para el uso de aislantes en las fachadas ventiladas, CTE DB SI2 (Junio 2014), obliga a los productos clasificados como Euroclase C a emplear barreras cortafuegos cada 3 plantas o 10 metros para evitar la propagación del incendio.
A juicio de AFELMA, Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes, la nueva regulación supone:
Como es sabido, la Euroclases clasifican a los productos según su reacción frente al fuego. Atendiendo a su contribución a un incendio los productos pueden ser:
Los aislantes son materiales presentes, cada vez con mayores espesores, en todos los elementos constructivos del edificio, entre ellos en las fachadas ventiladas (en las que en la cámara de aire se produce el efecto chimenea que facilita la rápida propagación del incendio). Por el especial riesgo de propagación del fuego, es normal que se haya prestado en los últimos tiempos especial atención a su repercusión en la seguridad de las edificaciones.
El Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB SI) de 2010 exigía para los materiales aislantes utilizados en fachadas ventiladas una clasificación B.
Esta exigencia es muy probable que estuviese relacionada con algunos siniestros, como el ocurrido en la maternidad de O’ Donnell, por suerte en fase de construcción cuando acaeció. El citado incendio, según el inspector jefe de Bomberos, se produjo por unos trabajos con soplete que hicieron entrar en combustión las planchas de poliuretano, empleadas como aislante en la fachada. http://www.elmundo.es/elmundo/2002/12/10/madrid/1039514017.html
Ahora, dado que es prácticamente imposible que los materiales plásticos alcancen la clasificación B, parece que el Ministerio trata de facilitar su aplicación, pero ante los riesgos que esto supone los rodea de unas medidas de seguridad complementarias que los hacen más costosos aún y mucho menos competitivos que usando productos incombustibles como las Lanas Minerales Aislantes.
Es precisamente la aparente contradicción entre las medidas adoptadas que afectan a la seguridad la que obliga, según AFELMA a que la administración refuerce los mecanismos de control sobre las condiciones de seguridad en la aplicación de estos productos.
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