Publican el ‘Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España’

El grupo de ingeniería y tecnología SENER y la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN, han presentado el informe ‘Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España’ consistente en una selección de 814 proyectos prioritarios de infraestructuras con 103.780 millones de euros de inversión, centrado en 4 áreas prioritarias; agua, medio ambiente, transporte y urbanismo, que generarían 994.120 empleos, 78.907 M€ de actividad económica inducida y 50.851 M€ de retorno fiscal*. Al tratarse de inversiones que se encuentran, o lo han estado en el pasado, en fase de planificación, su ejecución podría ser realizada en el periodo 2017/2021.

La justificación de las inversiones obedece, para las infraestructuras de agua y medio ambiente, a criterios de cumplimiento de los hitos temporales impuestos por las Directivas y, para las de transporte y urbanismo, a criterios de rentabilidad social atendiendo a su coste-beneficio, según la metodología utilizada por la Comisión Europea (CE).

En infraestructuras de agua, se proponen 510 actuaciones prioritarias de 12.014 millones de euros de inversión repartidas en 15 tipologías de obras hidráulicas; el 38% de las actuaciones son de naturaleza básica (obligadas por la normativa). Las propuestas están centradas en la planificación hidrográfica 2017/2021 y el cumplimiento de las Directivas 2000/60/CE y 2007/60/CE y RDL 1/2001, que contemplan el principio de la plena recuperación de los costes de los servicios del agua.

El informe de SENER plantea, además, 32 actuaciones prioritarias de 6.522 millones de euros de inversión en infraestructuras de medio ambiente, centradas en el tratamiento de residuos municipales y el cumplimiento de la Directiva 2008/98/CE, Ley 22/2011 y el Plan Estatal Marco de Gestión de residuos 2016/2022. Los objetivos de porcentaje de materia biodegradable y prohibición de depósitos en vertedero de residuos sin tratar se están incumpliendo, lo que provocó que, en julio de 2015, la CE llevara a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la adopción de medidas correctoras.

Por último, se presentan 272 actuaciones prioritarias de 85.244 millones de euros de inversión, repartidas en 7 tipologías de obras de infraestructuras de transporte terrestre centradas en mercancías y logística (51km), accesibilidad a ciudades (1.066km), redes secundarias (460km), gestión de capacidad (3.762km) y movilidad urbana (144km).

“Este trabajo no constituye una relación exhaustiva de todos los proyectos que sería necesario acometer, sino una relación de las actuaciones prioritarias, realizada a partir de la información pública disponible, cuya ejecución en el corto plazo es vital para el país”, explica Jesús Planchuelo, Director de Ingeniería Civil de SENER.

El estudio parte de las conclusiones de la consultora A.T. Kearney en su informe “Áreas Prioritarias para una inversión sostenida en infraestructuras en España” presentado a finales de 2015 donde se identificaban 8 áreas prioritarias de inversión en las que sería necesario destinar de forma sostenida durante la próxima década entre 38.000 y 54.000 millones de euros anuales.

“Invertir en estas infraestructuras prioritarias es una necesidad de nuestro país y un compromiso con nuestro futuro y las actuales restricciones presupuestarias no pueden servir de justificación para eludir nuestra responsabilidad”, explica Julián Núñez, Presidente de SEOPAN.

En este sentido, SEOPAN, junto con los despachos de abogados Deloitte y Uría Menéndez han presentado a continuación el informe “Hacia un modelo eficiente de colaboración público privada”, con el fin de explicar las claves de un modelo eficiente de concesiones, que permite atraer la inversión privada necesaria y reducir al mínimo el cómputo de las inversiones en infraestructuras en el déficit público.

Deloitte y Uría Menéndez han analizado en detalle las carencias en la regulación y práctica concesional españolas junto a los factores de éxito de un gran número de concesiones internacionales de infraestructuras de diversas tipologías concluyendo que, los casos de éxito analizados, entre otras cuestiones, minimizan las posibles desviaciones en plazo y coste de los proyectos, consiguen una transferencia de riesgo al sector privado equilibrada y eficiente, y potencian el uso de mecanismos de financiación novedosos, todo ello con una alta predictibilidad y seguridad jurídica para los inversores.

“El informe identifica una serie de ineficiencias e incertidumbres que plantea nuestro ordenamiento jurídico y marco de distribución de competencias entre entidades públicas que habría que resolver para que los inversores entren en la financiación de infraestructuras en España”, apunta Mariano Magide, socio de Uría-Menéndez.

En el estudio apunta que para poder atraer la gran y creciente liquidez que existe en los mercados y acometer las inversiones necesarias, se requiere del uso de esquemas de asociación público-privada (APPs). Javier Parada, Director de Deloitte Infraestructuras en España añade: “Estos esquemas suponen la alternativa inversora más viable por razones de impacto en el déficit público y de eficiencia y simplicidad en la gestión, al incorporar en un solo contrato el diseño, financiación y construcción y operación de la infraestructura”.