Un 65,5% de las empresas instaladoras eléctricas y de telecomunicaciones asociadas a APIEM no tuvieron que recurrir a los préstamos ICO lanzados en 2020 por el Gobierno central para hacer frente a la crisis económicas por el coronavirus, tal y como se desprende del III Informe de la Profesión Instaladora realizado por APIEM a través de una consulta a sus asociados.
Ese mismo estudio señala que tan sólo un 23% de las empresas consultadas tuvieron que acometer un ERTE como medida para atajar la crisis económica que provocó la rápida expansión del COVID-19.
Del mismo modo, más de la mitad de los instaladores consideran los programas financieros la medida más útil para enfrentar la crisis del COVID-19, seguido de los programas para el empleo y para la formación.
El III Informe de la Profesión Instaladora de 2020 ha sido realizado tras analizar las respuestas de una encuesta lanzada por APIEM entre sus asociados, así como tomando como referencia datos de universo de fuentes oficiales como el INE o los informes Forrester. Este estudio pretende ayudar al sector a conocer su evolución, sinergias y desafíos a lo largo del tiempo.
Hasta 1.000 euros en inversión de EPIs
Adaptarse a los nuevos protocolos de trabajo aprobados para contener la expansión del COVID-19 ha supuesto para las empresas instaladoras asociadas a APIEM una inversión de entre 500 y 1.000 euros en la adquisición de EPIS y/o sistemas de prevención para uso personal y profesional.
Asimismo, durante 2020, más de la mitad de empresas instaladoras de la Comunidad de Madrid consultadas para este informe tuvieron, al menos, un caso de COVID-19 en el ámbito laboral o personal.
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